Entrevista a Francisco Gallego

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Recientemente pudimos leer la noticia de que la Fiscalía Provincial de Guadalajara ha pedido una pena de dos años de prisión para un guardia civil que disparó a un atracador después de que éste, armado con una escopeta, cometiese un robo en un polígono industrial. El caso ofrece diversas interpretaciones, por lo que le hemos pedido a nuestro colaborador Francisco Gallego, experto legal en armas de fuego y docente del Experto Universitario en Armamento y Balística Forense de la Escuela Internacional de Criminalística y Criminología (EICYC), que nos hiciese llegar su punto de vista al respecto.

Es realmente triste que en nuestra sociedad los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) tengan miedo a utilizar su arma reglamentaria por las posibles consecuencias penales que les puede acarrear habiendo utilizado el arma tal y como indica la legislación vigente. Vamos a intentar explicar en palabras que cualquiera pueda entender dicha legislación; la primera parada que debemos hacer para entenderla es en el artículo 5.2 d) de la Ley Orgánica 2/86, que regula las funciones y los principios básicos de actuación de las FCS.

El artículo dice textualmente:

“Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior.”

Los principios a que se refiere el apartado anterior son los de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, que los encontramos definidos en el artículo 7 de la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad:

“a) Por oportunidad debe entenderse la necesidad o no de recurrir a la coacción física en la detención, de acuerdo con los datos conocidos sobre la situación y el sujeto en cuestión.

El agente deberá sopesar las circunstancias propias del lugar, el conocimiento de la persona sospechosa, su peligrosidad o reacciones previsibles y su experiencia previa para determinar si la detención puede realizarse mediante la utilización de otros medios no violentos que la técnica profesional pone a su alcance.

b) La congruencia supone que el agente, una vez haya decidido el empleo de la fuerza y para que éste sea legítimo, habrá de elegir, de entre los medios legales previstos y disponibles, el que sea más idóneo y que mejor se adapte a la concreta situación, valorando, para ello, las prestaciones del medio agresivo, sus características, grados y demás efectos que respondan a la situación y finalidad legal pretendida.

El agente actuará con la destreza adquirida en la instrucción recibida, tanto en el dominio del medio agresivo como en el conocimiento de sus técnicas de empleo. Concurre con la destreza el mantenimiento, por parte del agente policial, de la serenidad emocional y el autocontrol, aun en situaciones de riesgo.

c) La proporcionalidad supone que, una vez decidido el empleo de la fuerza y el medio idóneo, el agente deberá adecuar la intensidad de su empleo, de forma que no sobrepase la estrictamente necesaria para conseguir el control de la persona, quedando absolutamente proscrito todo exceso. Para ello, el agente deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

  • Tendrá la obligación de causar la menor lesividad posible. La selección de las partes no vitales, la graduación en la contundencia y el modo de ejecución de los actos violentos deben estar dirigidos a neutralizar a la persona objeto de la detención.
  • Proporcionará una respuesta gradual y apropiada a cada situación. La graduación de la mayor o menor fuerza empleada por el agente se corresponderá a la agresividad de la respuesta del detenido, debiendo volver a ser descendente en la medida en que la situación se vuelva propicia para facilitar la detención deseada.”

Y, para terminar, también debemos tener muy presente el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 2/86, el cual nos indica:

“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones: (…)

b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier (…)

e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad .

f) Prevenir la comisión de actos ”

Una vez que hemos terminado con esta pequeña introducción a la legislación vigente, necesaria para entender el uso del arma reglamentaria por parte de los FCS, podemos entrar a la noticia de la cual nos hacíamos eco.

La situación es que tres delincuentes cometen un delito de robo con violencia e intimidación además de uso de armas, y se dan a la fuga con sus armas desoyendo las instrucciones de los agentes de la guardia civil. Esto se ajusta a la definición de “circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana” (esta circunstancia no sería tal si el delincuente en fuga no fuera armado, pues en tal caso no supondría un riesgo para la seguridad ciudadana). El agente hace uso de su arma cumpliendo con su deber de restablecer la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de actos delictivos.

Se puede argumentar que el agente no le disparó a partes no vitales y le causó la muerte, es cierto, pero también se debe indicar que los agentes de las FCS actualmente tienen prohibido realizar ejercicios de tiro de manera privada, y solo pueden realizar los ejercicios de tiro oficiales. Son ejercicios de tiro que no tienen nada que ver con la realidad y que los realizan cuando pueden (personalmente me examiné de instructor de tiro con unos agentes de la guardia civil de Málaga que hacían los ejercicios de tiro cuando el ejercito les dejaba las instalaciones, ya que ellos llevaban 2 años sin realizar ejercicios de tiro).

Conclusión:

No estoy a favor de actuaciones policiales como en EE.UU., en las que primero se dispara y luego preguntan, pero no puede ser tolerable que en el año 2018 nuestros agentes tengan miedo a utilizar su arma reglamentaria cumpliendo con su deber debido a lo poco clara que es la legislación respecto a este tema, ya que lo que para una persona puede ser proporcional para otra puede ser desproporcional. Se pueden llegar a producir casos como el de Juan Cadenas, un policía local de Puerto Serrano (Cádiz) que no utilizó su arma por miedo a las posibles consecuencias penales que tendría y que, como consecuencia, perdió un ojo y estuvo a punto de morir en acto de servicio.

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