Entrevista a Adolf Bas Bartolomé

Adolf Bas Bartolomé es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y cuenta con un Postgrado de Práctica Jurídica Penal y Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Es socio fundador del despacho Marimon & Bas Abogados, en el que ocupa la posición de director del departamento penal. Asimismo, desde hace siete años presta sus servicios en el turno de oficio en materia penal general, así como en las especialidades de la jurisdicción de menores y violencia de género.

PREGUNTA: La mediación suele ser el paso previo a la vía judicial. No obstante, durante una ponencia que usted impartió conjuntamente con Oriol Julià, educador de la asociación SEER, en la sede del ICAB, el Sr. Julià comentó que la mediación no era la mejor forma de intentar resolver el conflicto en un caso de acoso escolar, pues acosador y acosado no se rigen por el principio de igualdad. ¿Qué opina al respecto?

RESPUESTA: Mi visión como jurista, especialista en derecho penal, difiere mucho de un especialista en el sector de la educación como es el Sr. Oriol Julià. Como referimos en nuestra ponencia conjunta, el problema y la solución radican en el mismo entorno escolar, por lo que, y para fomentar un mejor abordaje del conflicto, el centro educativo es el mejor de los escenarios para ello. Es fundamental que el centro, sus maestros, y colaboradores externos, tengan formación específica, sobre acoso escolar, para poder actuar de forma adecuada. Con ello no pretendo desmerecer la vía de la mediación, pero entiendo debería estar en un segundo puesto.

P: Las últimas cifras relativas al acoso escolar nos dejan un panorama muy desolador. Según el último estudio realizado por la Fundación Anar en 2016 se registraron 1.207 casos de acoso escolar, lo que supone un 87,7 % más que en 2015. ¿A qué cree que se deben estas cifras?

R: El acoso escolar no deja de ser la reproducción de pautas y/o roles que nuestros menores ven, perciben y experimentan en la sociedad adulta. Todos podemos pensar en situaciones de conducta social que, de un modo u otro, podríamos calificar de acosadoras. La importancia de centrarnos, como sociedad, en la educación emocional de nuestros menores y evitar determinadas pautas o roles de conducta, es la mejor manera de generar una sociedad más madura, comprometida, y sana emocionalmente.

P: Hace pocos días pudimos leer la noticia de un colegio que fue condenado a indemnizar con 6.000 euros a un menor por no emplear la diligencia necesaria para evitar una situación de acoso pese a que se iniciaron los correspondientes protocolos de actuación. ¿Considera que los protocolos actuales y/o medidas son suficientes? ¿Cuál debería ser la actuación por parte de la escuela para evitar esta responsabilidad civil?

R: Los protocolos de actuación siempre son revisables, dado que las situaciones a las que el mismo debe dar respuesta también son cambiantes. Tener especialistas en la formación, conocimiento y aplicación de dichos protocolos de actuación, es la clave para poder responder a situaciones de acoso escolar en los centros educativos. Tener un protocolo de actuación en un cajón no sirve para nada, es fundamental que el centro, la dirección, los profesores, educadores, colaboradores, madres y padres, tengan conocimiento del mismo y de sus canales de aplicación. Su aplicación, fomento y desarrollo es la única vía para evitar, no la imposición de responsabilidad civil por actuación negligente, sino el acontecimiento o maduración de situaciones de acoso escolar.

P: Asimismo, no podemos olvidar a los progenitores y tutores de los menores. ¿Cuál cree que debería ser la actitud de éstos frente al bullying? La mayoría de los padres actúa cambiando de centro escolar a su hijo.

R: El cambio de centro escolar debería ser, bajo mi punto de vista, una de las últimas actuaciones a contemplar en situaciones de acoso escolar o bullying. Es evidente que en determinados casos es una actuación necesaria, pero antes debe analizarse con los profesionales del centro, las vías de solución al problema desde la comunidad educativa del propio centro escolar. No podemos establecer patrones de actuación rígidos y predeterminados, dado que cada caso es particular. Es importante tener protocolos y pautas de actuación, pero debemos analizar con esmero la situación de conflicto y las posibles vías de actuación o solución del mismo.

P: En su labor como abogado penalista habrá podido apreciar la práctica judicial de este tipo de causas. Teniendo en cuenta que hay menores implicados, ¿cuál considera que debe ser el rol del abogado? 

R: Si la situación de acoso no ha sido solucionada a nivel escolar y hemos llegado a la vía judicial penal, concretamente a la jurisdicción de menores, es evidente que debemos cuidar y vigilar mucho que experiencia judicial vive el menor implicado, bien sea víctima o acusado. El proceso judicial es complejo, tiene muchas facetas, y nuestra actuación profesional debe combinar el conocimiento técnico y emocional del proceso judicial. Evidentemente es posible que tengamos que representar intereses muy contrapuestos, pero lo que siempre procuramos evitar es que la experiencia judicial sea una nueva oportunidad para fijar roles negativos en las partes implicadas, bien sean víctimas o acusados, respecto de aquellas actuaciones que les han llevado a vivir el proceso judicial.

P: Por su experiencia, ¿considera  que el tratamiento judicial que se da al bullying es el correcto? Si no es así, ¿cómo cree que se debería proceder?

R: Actualmente no tenemos un precepto legal que persiga o castigue como tal el acoso escolar o bullying pero, es evidente, que la presión social al respecto generará nuevos cambios legislativos. Nuestra ley da respuesta a las situaciones de acoso escolar, aunque no bajo el título bullying, mediante la aplicación de diversos artículos del código penal. A nivel de actuación de la Fiscalía de menores, siempre se puede mejorar, y el problema radica siempre en una cuestión de recursos de la administración de justicia. Me explico. Hay buenos protocolos de actuación de la Fiscalía, lo que no hay son suficientes recursos económicos para llevar a cabo un control o seguimiento de todas las situaciones de acoso escolar.  La Fiscalía hace un buen trabajo con los recursos de los que dispone, pero si como sociedad coincidimos en que evitar situaciones de acosos escolar nos permitirá tener sociedades más maduras y comprometidas, debemos traducir esa voluntad en esfuerzo económico para su desarrollo.

P: Por último, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORRPM) dispone en su artículo 3 que los menores  de 14 años no responden penalmente, aplicándoseles en su lugar lo dispuesto en el Código Civil sobre protección de menores. La premisa es que son inmaduros mentalmente y lo más recomendable para su buen desarrollo personal y social es que no accedan al sistema de justicia con esa edad. No obstante, viendo que en los medios no dejan de aparecer casos de violencia en menores de esa edad -sirva como ejemplo la noticia antes mencionada-, ¿cree que se está actuando debidamente con estos menores o debería hacerse alguna actualización a la LORRPM?

R: Esta es una cuestión de política criminal muy delicada. No podemos responder con modificaciones legislativas tan importantes, como la planteada, por la aparición de algunos casos puntuales y muy mediáticos. Si decidimos rebajar la edad en la que un menor debe responder en la LORPM, por ejemplo de los 14 a los 13 años, es posible que estemos ampliando demasiado los filtros para los asuntos que deben ser judicializados, provocando con ello una experiencia judicial prematura. La primera consecuencia sería abrir otro gran debate en España, la mayoría de edad penal. ¿Es un menor de 16 o 17 años, suficientemente maduro como para responder de su conducta mediante el Código Penal?

Bajo mi punto de vista, creo que no es necesario modificar la actual LORPM respecto a su edad de aplicación.

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