Sentencia: Acoso entre menores

Foto original por Jcomp / Freepik

La delincuencia juvenil es uno de los problemas que más preocupa a la sociedad en general, por lo que no son pocos los profesionales y expertos que buscan tanto los motivos como los factores de riesgo que pueden provocar esta conducta delictiva. La justicia penal juvenil trata de buscar soluciones a la delincuencia juvenil a través de un sistema de educación y de reinserción social.

La delincuencia juvenil es un tema amplio, por lo que en este artículo trataremos de aportar una visión general del proceso penal de menores a través de la Sentencia 148/15, de 25 de septiembre de 2015, dictada por el Juzgado de Menores de Granada y, en concreto, por uno de los Magistrados más emblemáticos de la justicia penal de menores, Don Emilio Calatayud Pérez.

Los hechos a que hace referencia esta Sentencia giran en torno a una menor víctima de acoso y humillaciones por parte de otras cinco menores, que se metían sobre todo con su apariencia física. Un día la víctima recibió un mensaje conciliador por WhatsApp de parte de sus acosadoras en el que se la citaba para poner fin a esta situación, pero cuando la víctima acudió a la cita acabó siendo agredida física y verbalmente por dos de ellas. Esta agresión fue grabada en video con el móvil por otras dos y posteriormente difundida a través de WhatsApp. Como resultado, la victima sufrió contusiones en la columna vertebral que precisaron de una asistencia facultativa y dos días de curación.

Entrando ya en el análisis de la Sentencia, podemos apreciar en los hechos mecanismos sociopsicológicos implicados en el fenómeno de la agresión como son el contagio social o la difuminación de la responsabilidad individual. Esto último se refiere a que la participación de dos o más personas en acciones violentas provoca una disminución de la percepción de la responsabilidad personal al mitigarse los sentimientos de culpa por el amparo grupal.

Respecto a la conducta de las agresoras, nos encontramos ante un comportamiento violento, físico y psicológico, llevado a cabo de manera intencional con el fin de hacer daño a la víctima y humillarla. Asimismo, nos encontramos ante la grabación de dicha agresión y su difusión por una red social, lo que constituye una modalidad de ciberbullying denominada happy slapping -paliza feliz-. Esto lleva a que la conducta de las agresoras se considere como reiterada, pues solo con el video difundido ya nos encontramos con un criterio de persistencia temporal, al ser muy difícil controlar su alcance y visibilidad. Lo gravoso de los actos cometidos, por tanto, no es solo que las menores disfrutaran acosando, sino que también inmortalizaran el acto en un intento de obtener el respeto y apoyo de sus iguales. Se sienten orgullosas de sus actos violentos, convirtiendo la agresión en un acto objeto de divertimento.

En cuanto a la responsabilidad penal, el artículo 19 del Código Penal -de ahora en adelante, CP- establece la mayoría de edad penal en dieciocho años, exigiendo que se regule por Ley independiente la responsabilidad penal de los menores. Esta Ley especifica es  la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores -de ahora en adelante, LORRPM-, que según su artículo 1.1 se aplica a los mayores de catorce años y menores de dieciocho que hayan cometido delitos o faltas tipificados en el Código Penal o leyes penal especiales.  Asimismo, los Jueces de Menores se encargaran tanto de pronunciarse sobre la responsabilidad penal derivada del delito o falta como de la responsabilidad civil -artículos 2.1 y 3 LORRPM respectivamente-.

El principio básico que inspira la LORRPM es la salvaguarda y defensa del superior interés del menor, tal y como se expresa en la propia Exposición de Motivos. El procedimiento judicial tiene naturaleza sancionadora-educativa, buscándose no sólo la represión de conductas delictivas, sino además la reeducación, resocialización y, ante todo, la reinserción de los menores infractores. Esta premisa, convertida casi en principio en justicia penal juvenil, justifica todas las especialidades que presentan estos procesos.

Una de  las características de este proceso reside en el protagonismo que adquieren dos figuras: el Ministerio Fiscal y el Equipo Técnico de Apoyo. Respecto al primero, la Exposición de Motivos le otorga “la iniciativa procesal, y le concede amplias facultades para acordar la terminación del proceso con la intención de evitar, dentro de lo posible, los efectos aflictivos que el mismo pudiera llegar a producir”. El artículo 6 LORRPM lo configura como la institución encargada de la defensa de la legalidad, correspondiendo a este órgano practicar todas las diligencias e investigaciones necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, la vigilancia de las actuaciones practicadas, así como ofrecer una intervención inmediata a los hechos que se le imputan al menor y la más adecuada a las circunstancias del mismo, a la vez que se repare el daño con todas las garantías a la víctima. Cabe destacar también que esta institución es la única que abarca tanto la vertiente correctora -la regulada en la LORRPM- como la tuitiva -regulada en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor-.

La otra figura de suma importancia en todo proceso penal de menores es el Equipo Técnico de Apoyo, que en la Exposición de Motivos de la LORRPM se define como un “instrumento imprescindible” para alcanzar el objetivo que persiguen las medidas aplicables a los menores infractores. Se trata de un órgano auxiliar de la Administración de Justicia integrado por un equipo multidisciplinar -psicólogos, educadores y trabajadores sociales- que, de acuerdo con el artículo 27 de la LORRPM, informa  en diferentes estadios del proceso de la situación psicológica, educativa y familiar de los menores infractores así como de su entorno social y, en general, sobre cualquier circunstancia relevante a los efectos del proceso para poder adecuar de esta forma la medida que pueda ser impuesta. En la Sentencia objeto de estudio, podemos ver como el Equipo Técnico emite un informe respecto a estas circunstancias y propone la medida más adecuada para cada una de las agresoras, estableciendo decisiones distintas según sus actos y sus circunstancias personales -por ejemplo, como vemos en la Sentencia, una de ellas es reincidente en conductas disociales y se encuentra en tratamiento psiquiátrico y medicándose por depresión, por lo que para ella se propone  además un seguimiento de su salud mental-.

Los actos cometidos por las menores son calificados como un delito contra la integridad moral, tipificado en el artículo 173.1 CP, y como una falta de lesiones, tipificado en el artículo 617.1 CP. Como desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal se derogaron las faltas, procederemos a centrarnos en el delito del artículo 173.1 CP.

El citado precepto establece que “el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. El bien jurídico protegido es la integridad moral, optando el legislador por una cláusula abierta con el objetivo de no especificar en qué consiste el trato degradante y abarcar así todas las acciones posibles. Se castiga al que inflige un trato degradante que atenta gravemente contra la integridad moral de otro, incluyendo la acción típica el trato humillante, vejatorio y denigrante, que consiste en una intervención sobre el sujeto pasivo que tenga un efecto inmediato en su esfera corporal. La Fiscalía General del Estado mantiene además que “cuando los hechos tengan la entidad suficiente, la conducta de acoso podrá calificarse conforme este tipo penal”. Así pues, las medidas dictadas por el Juez, que más abajo comentaremos, son las adecuadas para el presente caso.

Por otra parte, no podemos dejar de comentar la responsabilidad civil derivada del delito -en este supuesto, un perjuicio económico de 204,24 €- que, según el artículo 61.3 LORRPM, también afecta a los representantes legales de los menores de dieciocho años, respondiendo éstos solidariamente de los daños y perjuicios. Por responsabilidad solidaria, entendemos la obligación compartida tanto de representantes legales como de menores respecto al pago de los daños y perjuicios acaecidos, por lo que, si los menores no pudiesen sufragar estos gastos, serán sus padres, tutores, acogedores o guardadores los que responderán a éstos.

Por último, respecto a las medidas impuestas por el Juez Calatayud, apreciamos que son medidas educativas y resocializadoras. Dentro de las medidas que los Jueces de Menores pueden interponer según el artículo 7 LORRPM, el Magistrado ha elegido para las dos menores que agredieron físicamente a la víctima una pena consistente en prestar durante 55 horas un beneficio a la comunidad relacionado con la atención a niños disminuidos -artículo 7. 1. k) LORRPM-, y para las otras tres menores que presenciaron, grabaron y difundieron la paliza 12 meses de libertad vigilada, haciéndose un seguimiento de su entorno, familiar, social y educativo para observar su dinámica de grupo, comportamiento y resolución de conflictos -artículo 7.1. h) LORRPM-.

En conclusión, podemos apreciar que, pese a encontrarnos en vía penal, se trata ante todo de imponer medidas reeducativas y resocializadoras con el fin de no sólo sancionar una conducta tipificada como delito, sino que el menor victimario debe acabar comprendiendo que dicha conducta no es apropiada y para ello imponérsele medidas que ayuden a esta comprensión de la vida en sociedad. La respuesta a la delincuencia juvenil y a este tipo de actos violentos no se encuentra en la punición sino en la educación y socialización.

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Bibliografía

España. Juzgado de Menores número uno de Granada. Sentencia 148/2015, de 25 de noviembre.

España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal.

España. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

España. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Armenta Deu, T. (2010). Lecciones de derecho procesal penal. Madrid: Marcial Pons.

Muñoz Conde, F. (2015). Derecho penal.  Valencia: Tirant lo Blanch.

Molina, J.A. y Vecina, P. (2015). Bullying, ciberbullying y sexting. ¿Cómo actuar ante una situación de acoso? Madrid: Pirámide.

Olweus, D. (1993). Bullying at school: what we know and what we can do. Oxford: Blackwell Publishers.

Jurídicas, N. (2017). El acoso escolar o Bullying: regulación legal y derechos de las víctimas · Noticias Jurídicas. [online] Noticias Jurídicas. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10857-el-acoso-escolar-o-bullying:-regulacion-legal-y-derechos-de-las-victimas/ [Acceso 10 de enero de 2017].

¿Qué es el “Happy Slapping” en el Acoso Escolar? (2012). [Blog] contra el Bullying= Tolerancia 0.  Disponible en: http://anti-acosoescolar.blogspot.com.es/2012/11/el-happy-slapping-en-el-acoso-escolar-o.html [Acceso 10 enero 2017].

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