¿En qué situación y de qué manera debe un miembro de las FFCCS utilizar su arma de fuego?

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Foto original por Mossos, Generalitat de Catalunya / CCBY-ND 2.0

Este es el interrogante que abordaremos durante el presente artículo.

Bajo mi humilde punto de vista, creo que el mayor problema radica en la indefinición y ambivalencia del marco legal a aplicar, que carece de criterios legales nítidos, ciertos e indubitados, y provoca que el agente opte por inhibirse de actuar, ante la duda creada.

Veamos algunos ejemplos de lo que nos indica el marco legal.

El art. 5.4 de la L.O. 2/1986 nos determina y define con nitidez el ámbito del deber de actuar de todo agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (de ahora en adelante, FFCCS).

“4. Dedicación profesional.

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana”.

En el artículo 5.2.c) de la misma ley, se prevé que la utilización de los medios que empleen en su actuación los miembros de las FFCCS deben regirse por los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, especificando en el apartado d) que:

“Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana”.

La instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad también cita los tres principios básicos de toda intervención policial:

“7.3.- Siempre que para efectuar la detención se requiera ineludiblemente del empleo de la fuerza, el agente debe asegurase de que la intensidad y el medio utilizado son los más idóneos y acertados, para lo cual actuará conforme a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Como empezamos diciendo en el presente artículo, las decisiones de actuación no deben verse complicadas por conceptos abstractos y vagos, ya que un hecho no se entiende igual “en caliente” que cuando el hecho es analizado a lo largo de un procedimiento administrativo sancionador o incluso por lo penal, donde las complejidades del propio proceso pueden hacer aportar una visión de la realidad bien diferente respecto de la actuación en el que intervino el agente.

Pasemos ahora a analizar los tres principios que exigen las actuaciones e intervenciones policiales para considerarse que son ajustadas a derecho:

Principio de congruencia

Supone para la ejecución de la fuerza que, de entre los distintos medios reconocidos por la Ley como aplicables, habrá de elegirse el más adecuado a cada situación. Para que este principio entre en juego deben concurrir los siguientes requisitos:

  • Identificación: De acuerdo con el artículo 5.3.a) de la L.O 2/1986, “los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención”.
  • Dominio del medio: Que el agente tenga dominio sobre el medio con el que realiza la fuerza y de la fuerza misma, evitando que se actúe de forma incontrolada u obcecada.

También la ya citada instrucción 12/2007 define el principio de congruencia:

“7.b).- La congruencia supone que el agente, una vez haya decidido el empleo de la fuerza y para que éste sea legítimo, habrá de elegir, de entre los medios legales previstos y disponibles, el que sea más idóneo y que mejor se adapte a la concreta situación, valorando, para ello, las prestaciones del medio agresivo, sus características, grados y demás efectos que respondan a la situación y finalidad legal pretendida.

El agente actuará con la destreza adquirida en la instrucción recibida, tanto en el dominio del medio agresivo como en el conocimiento de sus técnicas de empleo.

Concurre con la destreza el mantenimiento, por parte del agente policial, de la serenidad emocional y el autocontrol, aun en situaciones de riesgo”.

Principio de oportunidad 

Requiere que la acción sea racionalmente imprescindible y que con ella no provoquemos mayor daño del que queremos tratar de evitar. Una de sus mejores “traducciones” en el lenguaje penal es “necesidad”. Hay que tener en cuenta que el uso de la fuerza tiene sus limitaciones, tanto por un exceso extensivo o como por una una extralimitación manifiesta.

Por su parte, la instrucción 12/2007 también define el principio de oportunidad:

“a).- Por oportunidad debe entenderse la necesidad o no de recurrir a la coacción física en la detención, de acuerdo con los datos conocidos sobre la situación y el sujeto en cuestión. El agente deberá sopesar las circunstancias propias del lugar, el conocimiento de la persona sospechosa, su peligrosidad o reacciones previsibles y su experiencia previa para determinar si la detención puede realizarse mediante la utilización de otros medios no violentos que la técnica profesional pone a su alcance”.

Principio de proporcionalidad

Es la consonancia o equivalencia entre la conducta del delincuente y el empleo de la fuerza, también es conocido como el principio de prohibición en exceso o principio de intervención mínima.

Es en la proporcionalidad donde aparece el requisito de la exigencia de toda actuación policial de “causar la menor lesividad posible”.

“c).- La proporcionalidad supone que, una vez decidido el empleo de la fuerza y el medio idóneo, el agente deberá adecuar la intensidad de su empleo, de forma que no sobrepase la estrictamente necesaria para conseguir el control de la persona, quedando absolutamente proscrito todo exceso. Para ello, el agente deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

– Tendrá la obligación de causar la menor lesividad posible. La selección de las partes no vitales, la graduación en la contundencia y el modo de ejecución de los actos violentos deben estar dirigidos a neutralizar a la persona objeto de la detención.

– Proporcionará una respuesta gradual y apropiada a cada situación. La graduación de la mayor o menor fuerza empleada por el agente se corresponderá a la agresividad de la respuesta del detenido, debiendo volver a ser descendente en la medida en que la situación se vuelva propicia para facilitar la detención deseada.”.

Toda actuación policial debe estar basada en dichos principios, los cuales serán interpretados en sede judicial, lo que expone al agente a que una misma intervención unas veces pueda ser objeto de condena y otras no, dependiendo de los criterios del juez, suponiendo todo ello un gran grado de inseguridad jurídica e incertidumbre para el agente. No obstante, no es excusa para no actuar, pues teniendo lo más claro posible los conceptos existentes sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego, se puede garantizar a un alto grado de seguridad y que la actuación se ajusta a derecho.

*****

Bibliografía

Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Instrucción 12/2007, de la Secretaria de Estado de Seguridad sobre los Comportamientos exigidos a los Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para Garantizar los Derechos de las Personas Detenidas o Bajo Custodia Policial.

Netpol.es. (2017). NETPOL Instituto Superior de Seguridad Pública. Disponible en: https://www.netpol.es/curso-de-experto-legal-en-el-uso-de-la-fuerza-y-las-armas-de-fuego-en-intervenciones-policiales-i35.html [Acceso 3 Enero. 2017].

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