Historia del Derecho Penal II

sin-titulo-4

Detalle del cuadro “Toma de la Bastilla”, de Jean-Pierre Houël / Wikimedia Comons

En el primer artículo de la serie “Historia del Derecho Penal” vimos los estadios prehistóricos del derecho penal, y recorrimos su evolución a lo largo de la Edad Antigua hasta el fin del Imperio Romano, cuyo derecho constituyó el hilo conductor de la tradición jurídica occidental. Gracias a la labor realizada por los miembros de las Escuelas de los Glosadores y Postglosadores, el derecho romano sobrevivió en la Edad Media al integrar, junto con el derecho canónico, el ius commune o “derecho común” de toda Europa.

En este segundo artículo vamos a estudiar el desarrollo del derecho penal en las Edades Moderna y Contemporánea. Expondremos cuáles fueron los ideales humanistas de la Ilustración y su conquista a través de la Revolución Francesa, que marcó el inicio del proceso codificador europeo. Posteriormente, repasaremos la pugna doctrinal mantenida entre las diferentes escuelas del pensamiento penal y que fue fundamental para la configuración de nuestro actual derecho penal.

IV. Edad moderna

Durante los siglos XVII y XVIII -éste último llamado el “siglo de las luces” o de la Ilustración-, surgieron las ideas del contrato social de la mano de autores como Locke, Montsquieu o Rousseau. Se contraponían al origen divino que hasta se ahora se había dado al poder, y sirvieron de fundamento a los siguientes principios: a) el principio de la soberanía popular, según el cual la soberanía de la nación reside en el pueblo; b) el principio de igualdad, que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y obligaciones; c) el principio de legalidad, que busca evitar el arbitrio judicial con la exigencia de una ley previa, anterior a la comisión del hecho, que determine los delitos y las penas correspondientes; d) el principio de garantía de las libertades individuales; y e) el principio de división de poderes del Estado.

Estos principios adquirieron fuerza con la Revolución Francesa, que supuso el fin para la sociedad estamental del llamado “Antiguo Régimen” y estableció los cimientos de lo que hoy entendemos por Estado de Derecho. Fueron recogidos por Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, en su conocida obra De los delitos y las penas (1764), cuya publicación tuvo una honda repercusión y dio origen a un proceso de revisión del derecho penal y penitenciario en toda Europa, todavía anclados en el salvajismo y crueldad de la época medieval. En esta obra se reclamaba, por un lado, un derecho penal secularizado que se ocupase exclusivamente de regular la reacción de la sociedad ante los ataques cometidos contra ella o sus miembros; y por otra, un derecho penal más humano que aboliese prácticas como la tortura y la pena de muerte y que estableciese unas garantías procesales en favor del inculpado.

V. Edad contemporánea

El pensamiento ilustrado puso en curso el movimiento codificador desde finales del siglo XVIII hasta el XX. Esto no significa que no existiesen códigos con anterioridad (recordemos el Código de Hammurabi, el antecedente más antiguo conocido), sino que en esta época el término “codificar”, esto es, formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático, adquirió una connotación especial. Antes, el derecho se codificaba mediante la agrupación de leyes antiguas en compilaciones o recopilaciones que seguían un criterio cronológico o temático. Se trataba, por tanto, de códigos que se quedaban obsoletos nada más ser promulgados. La codificación ilustrada, en cambio, organizó los códigos según las diferentes ramas del derecho y buscaba regular, no solo la sociedad del presente, sino también la del futuro.

La primera codificación penal moderna en Europa fue el Código de Baviera de 1756, al que siguieron, entre otros, el Código de Austria de 1768 y el Código para los Estados Prusianos de 1794. No obstante, el texto que marcaría las grandes líneas político-penales posteriores fue el Código Napoleónico de 1810, cuyos ideales inspirados en la Revolución Francesa se extendieron por el resto de países europeos a consecuencia de las invasiones napoleónicas. Si bien los castigos que establecía eran demasiado severos, este Código introdujo un primigenio sistema de individualización judicial a través de la fijación de unos límites máximo y mínimo de las penas, lo que permitía a los jueces adaptarse a las circunstancias de cada delito y de cada delincuente.

En la segunda mitad del siglo XIX y a principios del XX, se desarrolló lo que diversos autores denominaron como la “lucha de las escuelas penales”, una pugna de carácter doctrinal que mantuvieron diferentes corrientes de pensamiento sobre la legitimidad del derecho penal, la naturaleza del delito y el fin de las sanciones. A un lado se encontraban los llamados clásicos (en el sentido de anticuados, en tono despectivo), que en realidad no formaban una verdadera escuela, sino que se trataba de un grupo de juristas cuyo pensamiento estaba influenciado por la filosofía de la Ilustración, aunque con muchos puntos de vista divergentes y, en algunos casos, contradictorios. Entre los principales defensores de la Escuela Clásica estaban Romagnosi, Carrara, Feuerbach, Pacheco y Groizard. Los principios fundamentales que comparten sus doctrinas pueden sintetizarse así:

  • El delito no es un ente de hecho, sino un ente jurídico. El delito carece de una existencia natural, es la creación de una ley penal y, por tanto, no existen otros delitos fuera de los determinados por ésta.
  • El derecho penal tiene un fin de tutela. La pena es un medio de tutela jurídica que pretende el reestablecimiento del orden público alterado por el delito y tiene el carácter de un mal, equivalente al que ha causado el delincuente. Para evitar que sea abusiva, debe de ser proporcionada, cierta y conocida.
  • La responsabilidad se sustenta en el libre albedrío, es decir, el sujeto responde de su acto porque es libre a la hora de determinar sus comportamientos. Puede escoger entre actuar o no conforme a la norma penal, y en caso de decidirse por esto último, debe ser castigado.
  • El sistema de análisis que emplean es lógico-formal. Parten de supuestos preexistentes, sea la ley natural o la escrita, que desarrollan a través de un procedimiento deductivo, para aplicarla al problema que enfrentan.

Las concepciones de la Escuela Clásica se contraponían a las de la Escuela Positivista, surgida en Italia de la mano de Cesare Lombroso, Raffaele Garófalo y Enrico Ferri. Sus adeptos aplicaban los métodos de análisis propios de las ciencias empíricas al derecho penal. Buscaban adquirir el conocimiento a través de la observación y experimentación, lo que les llevó a dejar el análisis de las normas para estudiar el hecho delictivo y la persona que lo ejecuta. Al contrario que los clásicos, los positivistas sí formaban una escuela propiamente dicha, ya que tuvieron maestros y discípulos con una única dirección de pensamiento que se difundió por toda Europa.

Los postulados fundamentales de la Escuela Positivista son los siguientes:

  • El delito no es un ente jurídico creado por una ley penal, sino que tiene existencia natural independientemente de las épocas o sociedades de que se trate. Consiste en ciertos comportamientos que reúnen unas determinadas características identificables.
  • La pena no es un castigo ni se aplica por el hecho cometido; es un tratamiento dirigido a la resocialización del delincuente que se regula por la peligrosidad de éste. El fin de la pena, por tanto, no es otro que la defensa de la sociedad. Su duración es indeterminada, ya que depende de que se alcance el objetivo que persigue y, en casos extremos, puede llegar a consistir en formas de inocuizar al sujeto.
  • Al contrario que los clásicos, los positivistas rechazan la teoría del libre albedrío. Parten de una concepción determinista del hombre, según la cual no es capaz de decidir libremente su conducta. Ésta estaría determinada por una serie de factores (biológicos, sociales, etc.) y por las leyes naturales a las que está sujeta, de modo que la responsabilidad no es personal sino social.
  • Debido a que los positivistas consideran al delito como un hecho natural y al delincuente como un individuo con un perfil científicamente determinable, recurren a la metodología propia de las ciencias naturales, esto es, el método causal explicativo (experimental).

La Escuela Positivista perdió vigencia con el surgimiento del neokantismo o causalismo valorativo a principios del siglo pasado, representado, entre otros, por Mezger, Windelband y Rickert. Dentro de esta corriente se encuadraron dos direcciones distintas, la Escuela de Magdeburgo y la Escuela Sudoccidental, aunque ambas criticaron al positivismo por la insuficiencia del método de las ciencias naturales, basado en la observación, para comprender los objetos de los que se ocupan las “ciencias del espíritu o culturales”, es decir, las ciencias humanas y sociales como el derecho. Para saber si una conducta es delictiva, entendían que era necesario ir más allá de la simple acción observable (el movimiento físico) y referirse también al aspecto subjetivo de la misma (su significado social), para poder así atribuirle un significado valorativo sin tener que renunciar a la cientificidad.

El neokantismo fue de gran importancia porque delimitó con claridad el objeto de estudio del derecho penal, pero en los años 30 apareció una nueva corriente, el finalismo, que se expandió con éxito después de la Segunda Guerra Mundial. Su principal representante fue el jurista y filósofo alemán Welzel, que coincidía con los neokantianos en que había que atribuirle un significado a las acciones, pero, a diferencia de éstos, creía que dicho significado no se la atribuían la sociedad, sino que pertenecía a la propia naturaleza de las acciones. De acuerdo con Welzel, la finalidad de la acción debía ser respetada tanto por el legislador al elaborar las leyes, como por la ciencia jurídica al interpretarlas.

Desde los años 60 la doctrina jurídico-penal se encuentra en una fase de transición caracterizada por el predominio de corrientes eclécticas, que tratan de conciliar, sin demasiado orden, las ideas de las diferentes escuelas que hemos visto. Ahora bien, de forma creciente se ha ido imponiendo un enfoque normativista del derecho penal, impulsado sobre todo por las tesis de Roxin en los años 70, que pretendía incorporar planteamientos político-criminales al mismo. De esta forma, el derecho penal pasó a concebirse como un sistema abierto y orientado hacia las exigencias cambiantes de la política criminal, poniéndose así al servicio de la sociedad y del individuo.

La legislación penal europea del siglo XIX dibuja un sistema punitivo respetuoso con los derechos fundamentales de las personas, reconociendo la necesidad de un tratamiento humano y resocializador del delincuente, la adecuación de la gravedad de las penas a la gravedad del delito y al nivel de responsabilidad del que lo cometa, la prohibición de aplicar penas desproporcionadas, inhumanas o crueles, y el establecimiento de un proceso garantista. Muchas de estas ideas, propias del pensamiento humanista de la Ilustración, han obtenido reconocimiento universal al ser recogidas por diversos instrumentos internacionales de derechos fundamentales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y por las Constituciones de los Estados.

No podemos concluir sin referirnos brevemente a los nuevos fenómenos criminales de nuestro siglo, como son el terrorismo internacional o la criminalidad organizada. Suponen una clara amenaza para el modelo arriba descrito, ya que pueden ser y son utilizados como pretexto para establecer políticas de “seguridad nacional” que restringen los derechos fundamentales de los ciudadanos en aras de una mayor eficacia de respuesta (recordemos, por ejemplo, el escándalo del espionaje masivo orquestado por Estados Unidos y sus aliados europeos). Esperemos que el derecho penal sepa superar esta deriva autoritaria, pues difícilmente es compatible con los principios del Estado de Derecho.

*****

Bibliografía

ANTONIO TERRAGNI, M.: Estudios sobre la parte general del derecho penal. Santa Fe, Argentina: Centro de publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral, 2000.

BERNAL GÓMEZ, B.: Historia del derecho. Villa Coyoacán, Mexico: Nostra Ediciones, 2010. Disponible en Internet: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3263

GARCÍA PABLOS DE MOLINA, A.: Introducción al derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal. Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2012.

GARRIDO MONT, M.: Derecho Penal: Parte General, Tomo I. Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1997.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J.: Las escuelas penales. Cuadernos de Política Criminal. Seguna Época, núm. 83, 2004, págs. 69-90.

MIR PUIG, R.: Límites del normativismo en Derecho Penal. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 07-18, 2005, págs. 18:1-18:24. Disponible en Internet: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-18.pdf

QUISBERT, E.: Historia Del Derecho Penal A Través De Las Escuelas Penales Y Sus Representantes. La Paz, Bolivia: Centro De Estudios De Derecho, 2008. Disponible en Internet: http://h1.ripway.com/ced

RAÚL ZAFFARONI, E.: Tratado de Derecho Penal: Parte General, Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, 1998.

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s