Historia del Derecho Penal I

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Foto original por Jimmy Walker / CC BY-SA 2.0

El derecho penal, como rama del ordenamiento jurídico, es aquel conjunto de normas jurídicas que determina las conductas delictivas y les asigna una sanción. Ahora bien, no siempre ha tenido el contenido ni la forma que actualmente se le atribuye, dependiendo éstos del concreto ámbito histórico y cultural en el que uno centre su atención. Así, a lo largo de la historia se ha pasado del reconocimiento de una responsabilidad colectiva y objetiva a una responsabilidad individual y subjetiva; de un sistema de arbitrio judicial a un sistema de legalidad. Esta evolución no ha sido para nada lineal, sino que se ha caracterizado por una sucesión de marchas y contramarchas que dificultan enormemente la delimitación de los diferentes períodos que ha atravesado el derecho penal hasta nuestros días. Por esta razón vamos a publicar una pequeña serie de artículos en los que estudiaremos dichos periodos bajo una óptica simplificadora, empezando por el derecho de las sociedades primitivas hasta el movimiento codificador de los siglos XVIII a XX. Todo ello desde la perspectiva del derecho continental europeo o romano-germánico en el que se enmarcan la mayor parte de los países europeos, entre ellos España.

Este primer articulo lo empezaremos con unos breves apuntes sobre la prehistoria del derecho penal, para pasar luego a reseñar, con mayor detenimiento, el derecho de las antiguas civilizaciones y las contribuciones que éstas hicieron a la tradición jurídica occidental (en especial Grecia y Roma). Terminaremos con un análisis del derecho en la Edad Media, desde la caída del Imperio romano hasta el desarrollo de las escuelas de los Glosadores y Postglosadores.

I. Prehistoria

En las sociedades prehistóricas toda norma de conducta tenía carácter consuetudinario, basado en la repetición de los usos y costumbres seguidos por cada comunidad, y se presentaba de forma indiferenciada, entremezclándose normas jurídicas con las religiosas, morales y las del trato social. Las normas penales se enfocaban sobre todo a sancionar las conductas que resultaban lesivas para el grupo tribal, que reaccionaba mediante una declaración de guerra ante la ofensa cometida por otra tribu. La responsabilidad, por tanto, era colectiva. Dentro del propio grupo la sanción se aplicaba al individuo, quien, en caso de transgredir las normas sociales establecidas, podía enfrentarse a un castigo físico e incluso a la expulsión (que equivalía a la pena de muerte, ya que no tendría un grupo que lo protegiese).

II. Antigüedad

Cuando las sociedades empezaron a organizarse en estructuras políticamente más sofisticadas, en las que confluían los elementos de autoridad, población y territorio, nació la noción del Estado. Se hizo entonces necesaria una regulación de las distintas relaciones interhumanas a fin de facilitar la convivencia social, lo que significaba reglamentar las sanciones y dar publicidad al castigo para evitar futuras infracciones. Las primeras codificaciones de este tipo provienen de Asia, en especial de Mesopotamia, siendo la más destacada el Código de Hammurabi. Se trata de una recopilación de leyes y costumbres anteriores que, según las últimas investigaciones, fue promulgada por el rey babilónico Hammurabi en el siglo XVIII a. C. En ella regía la “ley del talión”, un principio de justicia retributiva que identificaba el castigo con el crimen cometido, de forma que al ofensor se le inflingía un daño igual al que causó (“ojo por ojo, diente por diente”). Fue la primera forma histórica de punición que suponía la existencia de un poder público que limitaba la venganza y se encargaba de aplicar las penas.

Otras expresiones legislativas procedentes de Asia fueron el Código de Manú, cuyo origen se sitúa en el valle del Ganges (India) entre los siglos VI y III a. C., y el código impulsado por la dinastía Zhou en la China del año 223 a. C. (aunque apenas dos años después fue sustituido por otro). En el norte de África y Medio Oriente también son destacables, por una parte, la legislación de los egipcios, respecto de los cuales no faltan evidencias de una práctica elaborada del derecho desde el reinado de Seneferu (unos 3500 años a. C.); y por la otra, el derecho de los antiguos hebreos, que se encontraba recogido en la Biblia, particularmente en el Levítico y el Deuteronomio. Al igual que el Código de Hammurabi, estas legislaciones imponían un sistema talional, y en todas ellas perduraba una concepción teocrática del derecho (aunque no en la misma medida). El delito aparecía siempre como un atentado a lo divino, y el fin de la pena era la expiación.

Fueron los griegos quienes empezaron a separar lo jurídico de lo divino. A través de las obras de autores como Sócrates y Platón, de las que solo se conservan algunos fragmentos, sabemos que la legislación penal griega se alejó de la divinización del derecho propia de las culturas anteriores. El delito ya no se consideraba una afrenta a los dioses, sino una afrenta a la sociedad y al Estado, que aplicaba la pena con el fin de corregir al delincuente y prevenir el delito. Esa separación adquirió su máxima expresión en el derecho romano, religioso en su origen pero secularizado a partir de la Ley de las XII Tablas (siglo V a. C.). Dicho texto establecía una distinción entre delitos públicos (delicta publica), perseguidos por el Estado en interés del mismo, y delitos privados (delicta privata), perseguidos por los particulares en su propio interés. No obstante, con la llegada del Imperio el derecho penal en su integridad adquirió carácter público.

En el siglo VI de nuestra era, el emperador Justiniano mandó a elaborar el que sin duda es el cuerpo legal más importante de la historia del derecho romano, el Corpus Iuris Civilis. Se trata de una compilación dirigida por los juristas más destacados de la época (entre los que destaca Triboniano), y está compuesta por cuatro obras: a) el Digesto, que recoge fragmentos de las obras de jurisconsultos anteriores; b) las Instituciones, obra destinada a la enseñanza del derecho; c) el Nuevo Código, una recopilación de constituciones imperiales prejustinianeas; y d) las Novelas, que contienen las constituciones imperiales promulgadas por Justiniano hasta su muerte. La importancia del Corpus Iuris Civilis reside haber servido de base para gran parte de los sistemas jurídicos modernos que pertenecen a la tradición continental europea.

III. Edad Media

El declive del Imperio romano de Occidente, marcado por la pérdida de control político sobre su vasto territorio, dio paso a la soberanía de los pueblos invasores bárbaros (en su mayoría de origen germánico), que se extendió desde el siglo V al XI d. C. Durante ese tiempo, el derecho penal germano fue evolucionando por el contacto con la cultura romana, llegando a perder su carácter privatístico e individualista para adquirir, poco a poco, un carácter más público.

En la etapa anterior a la conquista, los bárbaros se regían por un derecho de tipo consuetudinario, propio de los grupos tribales primitivos. La organización social giraba entorno de la Sippe (el grupo familiar), que tenía el deber, que no el derecho, de vengar cualquier ofensa cometida contra uno de sus miembros. Esta obligación era la llamada Blutrache o “venganza de sangre”, y no solo se podía obtener a través de la muerte o lesión del ofensor, sino también con la celebración de un acuerdo de composición que consistía en pagar una multa (Busse) al ofendido o su familia. El fin último era reestablecer el equilibrio entre las familias enfrentadas.

Tras asentarse en suelo del antiguo imperio, los bárbaros convivieron con la población romana y paulatinamente fueron aceptando su derecho, sobre todo en las provincias de Hispania, Italia y las Galias. Así, el derecho romano sobrevivió, aunque de forma vulgarizada, en las codificaciones romano-germánicas elaboradas por los bárbaros, siendo algunas de las más importantes el Código de Eurico o Codex Euricianus (480) Edicto de Teodorico (503), el Breviario de Alarico o Lex Romana Visigothorum (506), la Liber Papiensis o Lex Romana Burgundiorum (516), y el Libro de los Jueces o Liber Iudiciorum (654).

Durante los siglos IX a XI florecieron en la Europa occidental los sistemas feudales, en los que la jurisdicción de la Iglesia católica, que hasta ahora solo se limitaba a cuestiones de organización y jerarquía dentro de la propia Iglesia, empezó a ir más allá para abarcar también ciertos aspectos de la vida secular, entre ellos el derecho penal. De este modo, a la Iglesia se le atribuyó la competencia penal exclusiva en materia de delitos religiosos, así como una competencia concurrente con los tribunales seculares en los llamados delitos mixtos, que violaban tanto el orden humano como el divino.

El derecho penal canónico limitó la venganza de sangre germana permitiendo el asilo en los templos, y exigió la igualdad ante la ley por considerar que todos eran hijos de Dios. No obstante, supuso una regresión respecto de la laicidad del derecho romano al volver a introducir un elemento religioso en la legislación penal, ya que no distinguía entre delito y pecado. La pena se concebía como una penitencia que redimía del pecado, lo que llevó a la Inquisición a introducir la prisión mediante la reclusión en celdas monásticas (de aquí se deriva la palabra “penitenciaría”).

En cuanto a las fuentes del derecho penal canónico, encontramos una profusa cantidad de cánones o decretos, emanados de los concilios, y decretales o epístolas papales, surgidas de las consultas hechas al papa, que, junto con otras fuentes seculares como el Breviario de Alarico y el Código Teodosiano, fueron recopilados a mediados del siglo XII en una obra que pasó a la historia como el “Decreto de Graciano”, llamado así por el monje que la elaboró. Esta compilación marcó el punto de partida del movimiento recopilador del derecho canónico, que culminó en el siglo XV con el Corpus Iuri Canonici. Lo integraban el propio Decreto de Graciano, las Decretales de Gregorio IX o Liber Extra (1234), el Liber Sextus de Bonifacio VIII (1298), las Clementinas o Liber Septimus (1314), las Extravagantes de Juan XXII (1500) y las Extravagantes comunes (1503).

El inicio del proceso recopilador del derecho canónico coincidió en el tiempo con el descubrimiento, por parte de un jurista italiano llamado Irnerio, de un manuscrito del Digesto, la obra más extensa de la compilación del emperador Justiniano, en una biblioteca de Pisa. A raíz de este hallazgo, Irnerio fundó la Escuela de los Glosadores (siglo XII) en la Universidad de Bolonia con el fin de estudiar el derecho romano justinianeo, empleando para ello un método de trabajo basado en la glosa, esto es, incorporar aclaraciones a los textos estudiados. Los Glosadores fueron sucedidos por la Escuela de los Postglosadores o Comentaristas (siglos XIII y XIV), que convirtieron las construcciones jurídicas de los primeros en un derecho aplicable por los tribunales de la época. Crearon un nuevo sistema jurídico integrado principalmente por el derecho romano y canónico que, gracias al apoyo de los reyes feudales, al impulso de su estudio en las universidades medievales y a la aparición de la imprenta, logró una gran difusión hasta convertirse en el ius commune o “derecho común”, durante varios siglos, de toda Europa. Sus principales características podemos resumirlas de la siguiente forma:

  • Protegía los intereses de los monarcas, nobleza y clero. Asimismo, fundaba el tratamiento penal en la posición estamental de las personas.
  • La instrucción del proceso era secreta, lo que se traducía en una falta de garantías procesales.
  • Arbitrio judicial sin marco legal, el juez tenía la facultad de aplicar las leyes que juzgaba conveniente.
  • La pena no era individualizada (alcanzaba a terceros) y excesivamente cruel (pena de muerte, torturas y mutilaciones, trabajos forzados, etc.).

Llegados a este punto, damos por terminado este primer artículo de la serie “Historia del Derecho Penal”. En la próxima entrada estudiaremos la época de la Ilustración y las repercusiones que tuvo la Revolución francesa para el conjunto de las naciones europeas. Asimismo, analizaremos el movimiento codificador y el enfrentamiento que mantuvieron las diferentes escuelas del pensamiento penal hasta llegar a la época actual.

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Bibliografía

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