Agresión vs. abuso sexual: ¿Qué diferencia hay?

Foto original por Asier_relampagoestudio / Freepik

Los delitos contra la indemnidad y la libertad sexual se encuentran regulados en el Título VIII del Código Penal. El bien jurídico protegido en estos delitos es la libertad sexual, entendida como la posibilidad de elegir y practicar la opción sexual que se desee en cada momento, sin más limitaciones que las derivadas del obligado respeto a la libertad ajena. Si bien son varios los delitos tipificados, ahora solo nos vamos a centrar en dos por ser los que más llevan a confusión: la agresión sexual y el abuso sexual. Ambos delitos consisten en la misma conducta sexual, que puede ser con o sin acceso carnal, por lo que es de vital importancia aprender a diferenciarlos para así no llegar a error y realizar una interpretación incorrecta.

La agresión sexual, regulada en el Capítulo I del Título VIII del Código Penal (arts. 178 a 180), se refiere a todo acto que atenta contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación. El tipo básico (art.178) es aquel perpetrado sin acceso carnal -por ejemplo tocar las zonas íntimas de la víctima u obligarla a desnudarse-. Debe de existir un nexo de causalidad entre la coacción o amenaza y el acto típico sobre la víctima, que debe de negarse. El tipo básico, por tanto, está conformado por una acción lúbrica y libidinosa realizada con violencia o intimidación sin o contra el consentimiento del sujeto pasivo. Actualmente, la responsabilidad penal para este delito está establecida en la pena de prisión de 1 a 5 años.

El tipo cualificado (art. 179) es aquella agresión sexual que consiste en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Este tipo de actos es lo que habitualmente se conoce como una violación. La responsabilidad penal se establece en la pena de prisión de 6 a 12 años.

Existe también un tipo agravado, tipificado en el art. 180, que establece que las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de 5 a 10 años para las agresiones del art. 178, y de 12 a 15 años para las del art. 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio; b) cuando los hechos se cometan por dos o más personas conjuntamente (coautoría); c) cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad, discapacidad o situación; d) cuando el autor se haya prevalido de una situación de superioridad o parentesco, o e) cuando el autor haga uso de armas u otros medios peligrosos –no siendo necesario que realmente se haya llegado a producir una lesión o muerte, sino que será suficiente la potencialidad del riesgo-.

Por su parte, el Capítulo II del Título VIII del Código Penal (arts. 181 a 182) trata el abuso sexual, que se define como todo acto que atenta contra la libertad sexual de una persona sin obrar violencia ni intimidación y sin el consentimiento de ésta última (o con el consentimiento viciado). Por tanto, lo que diferencia al abuso de la agresión sexual es la no concurrencia de violencia o intimidación.

El tipo básico (art. 181.1) lo constituyen los llamados “tocamientos sorpresivos y/o fugaces”, aquellos contactos corporales realizados súbitamente de forma que el sujeto pasivo no tiene oportunidad de expresar su consentimiento u oposición. El Código Penal, en su art. 181.2, entiende que falta el consentimiento de la víctima en los siguientes supuestos: a) cuando la persona se halle privada de sentido –por ejemplo si está en coma o bajo los efectos de una droga-; b) cuando la persona sufra un trastorno mental grave que le impida comprender el significado de sus actos; y c) cuando se haya anulado la voluntad de la persona mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto –aquí no se castiga a quien se aproveche de que la víctima esté, por ejemplo, en un estado de intoxicación etílica, sino a quien le provoca intencionadamente ese estado para luego así abusar sexualmente de ella-. La responsabilidad penal establecida para estos casos es la pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses.

En el supuesto del abuso sexual con prevalimiento (art. 181.3), es decir, cuando el sujeto activo se aprovecha de una situación de superioridad manifiesta que coarta la libertad de la víctima, sí hay consentimiento, pero el Código Penal considera que está viciado dado que el sujeto pasivo no lo hubiera prestado nunca de ser otras las circunstancias. En consecuencia, se aplica la misma pena que en los anteriores supuestos.

El tipo cualificado (art. 181.4) se aplica cuando en todos los casos anteriores de abuso sexual haya acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Se trata de la misma cualificación que la prevista para la agresión sexual, imponiéndose en el caso de los abusos la pena de prisión de 4 a 10 años.

Finalmente, el art. 182.1 regula el denominado “abuso sexual fraudulento”. Este tipo agravado se da cuando el sujeto activo, interviniendo mediante engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho. El engaño consiste en que el sujeto activo hace creer algo a la víctima que lleva a ésta a acceder al acto sexual –por ejemplo una promesa de matrimonio-. Debe de ser suficiente y anterior o concurrente al permiso de las relaciones sexuales, siendo necesario, por tanto, que haya una relación de causalidad entre el engaño y el encuentro sexual. La pena prevista para este delito es la de prisión de 1 a 3 años, y de 2 a 6 años cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías (art. 182.2).

Para la persecución de los delitos de agresión y abuso sexual se exige previa denuncia por parte de la víctima o por su representante legal. Debe de probarse la credibilidad y verosimilitud de los hechos, estableciéndose una versión coincidente en el tiempo que dure todo el proceso. Esto puede suponer un duro trámite para la víctima, que debe revivir su traumática experiencia e identificar al autor delante del juez, pudiendo llegarse a dar una revictimización.

Por ello, la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales establece un régimen de protección para peritos y testigos a través de medidas que garanticen su libre actuación sin temor a represalias. A estos efectos, la autoridad judicial debe apreciar racionalmente que existe un peligro grave para la persona, su libertad, bienes o para su circulo más cercano -cónyuge o análogo o sus descendientes, ascendientes, etc.-. En caso de peligro grave, se acordarán las medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos y los peritos –por ejemplo instalándose una mampara-, su domicilio, profesión y lugar de trabajo entre otros. Asimismo, podrán solicitar ser custodiados o que se les facilite protección policial. Por otro lado, las declaraciones o informes que hayan sido objeto de protección en aplicación de esta Ley podrán tener valor probatorio de prueba preconstituida, evitando así la victimización secundaria.

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